Edith Peredo

A un año de la muerte de Epitacia Zamora Teodoro, quien impulsó la lucha contra la explotación de una mina de oro en la comunidad indígena nahua de Zacualpan en el municipio de Comala, estado de Colima, sus compañeros de resistencia afirman que continuarán defendiendo el territorio porque como Pita decía; “quien vende la tierra, vende a su propia madre”.

Ella aseguraba que había que caminar con la frente en alto, siempre llevando el orgullo de ser indígena.

“Somos indígenas despiertos, no dormidos. Les vamos a demostrar que esta lucha sigue y no queremos gente extraña que nos venga a explotar. Nosotros somos de aquí, Zacualpan vive”, decía Pita.

+Pita Zamora

Ahora, con 23 años recién cumplidos, José Martín Peña Guzmán indígena nahua de Zacualpan, recuerda a su compañera Epitacia, y narra como iniciaron su defensa y organización comunitaria hace 3 años, cuando descubrieron que se pretendía iniciar con el proyecto minero encabezado por el empresario de nombre Rigoberto Verduzco, mismo que se alió con diversas personas de la comunidad para tratar de convencer a la gente de aceptar el proyecto.

“Nosotros hemos hecho distintas acciones para intentar frenar lo que ha sido el proyecto de planeación de este intento de despojo. En un principio nosotros habíamos denunciado la complicidad que existía de parte de las autoridades comunitarias con el empresario Verduzco y con la delegación de la Procuraduría Agraria en el estado de Colima, en esta caso con María Elena Díaz Rivera, quien al lado de Verduzco han sido unos de los principales promoventes del proyecto de explotación en ese entonces y actualmente los principales causantes de los conflictos internos que existen dentro de nuestra comunidad”.

José Martín relató cómo tuvieron que organizarse y realizar acciones de protesta que sirvieran para pronunciar su sentir ante una situación que amenazaba totalmente con destruir su entorno.

“Nosotros reforzamos esta defensa del territorio y nos organizamos para crear el Consejo Indígena para la Defensa del Territorio de Zacualpan, en este participaban casi todas las personas. Tuvimos que organizarnos y comenzar con las actividades y con las movilizaciones. Tuvimos que trasladarnos a Colima, realizando mítines, marchas y protestas en el palacio de gobierno, el congreso, delegaciones federales como Semarnat, Profepa, Conagua y la Procuraduría Agraria. Emprendimos muchas acciones que culminaron en un proceso en que las autoridades aceptaron que la comunidad no estaba de acuerdo con el proyecto y que no iba a permitir que se instalara el proyecto”.

Además, el joven recuerda los ataques que sufrieron por parte de los distintos niveles de gobierno y sus órganos represores como la policía federal y estatal. Y las agresiones que en la actualidad, ejecuta el gobierno municipal que llegó hace seis meses al poder. José asegura que esta situación no es exclusiva de su comunidad sino que se vive en toda la república.

“Nosotros sufrimos una represión hace dos años cuando exigíamos que se nos reconociera un acta de asamblea. Paralizamos la bombas que surten de agua al estado de Colima y que están dentro del terreno de nuestra comunidad, nosotros tenemos un manantial que es el que surte de agua a miles de personas en el estado. Hubo movilización por parte del gobierno del estado donde participaron más de 300 elementos de la policía judicial y estatal, más de 30 patrullas, una tanqueta antimotines y ese día arrasaron con todo, niños, señoras, a todos los que estábamos participando en esa protesta. Han sido tantas que no puedo documentar todas y cada una”.

Asimismo, Peña Guzmán no olvida la violencia y agresiones físicas que sufrieron los integrantes del Consejo Indígena por parte de un grupo de choque que se conformó en julio de 2014, mismo que era financiado por el gobierno para que pudiera seguir atacando a los defensores de la tierra de Zacualpan.

José es parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y dice que hace apenas seis meses no podía estar completamente en espacios públicos porque era agredido de inmediato “porque ya nos tenían identificados, es como eso de todas las desapariciones, asesinatos que forman parte de una cadena de represión contra luchas sociales, líderes sociales y contra la gente que le estorba a quien tiene el poder”.

Confirma que, aunque pareciera que con el mecanismo “estás más protegido”, no es así. Él, lo ve como una forma de estar siendo monitoreado y controlado.  

“Nosotros no sabemos en quien confiar porque quienes en un principio han faltado a este derecho de la libre expresión, pues ha sido el mismo gobierno no solo en Colima sino en todo el país. Yo me siento igual, me dieron un botón de pánico pero siento que es retrasada la medida de protección porque la policía nos dijo que tienen una capacidad de respuesta de hasta cuarenta minutos, entonces en ese tiempo me pueden pasar muchísimas cosas”.

Para él, el problema que enfrentaba su comunidad parecía igual a todos y no imaginó las dimensiones de la situación. Pero bastó poco para que se diera cuenta de lo que pasaba realmente. Descubrió que Colima tiene más del 45 por ciento de su territorio, concesionado a empresas mineras y como la gente en muchas partes del país no se percata que su terreno forma parte de una concesión hasta que ya tiene la maquinaria afuera de su casa queriendo llevar a cabo actividades de extracción minera, pues nunca existe un derecho a la consulta pública y menos para los pueblos indígenas.

La lucha de Zacualpan sigue viva pues el 28 de noviembre de 2014, la comunidad eligió a Taurino Rincón  como nuevo comisariado de bienes comunales y a Conrado Carpio Hernández como presidente del consejo de vigilancia de bienes comunales, sin embargo, el grupo de choque resultó inconforme con las elecciones y promovió un juicio de destitución de las nuevas autoridades ante el Tribunal Unitario Agrario. Ahora, los habitantes de Zacualpan esperan la audiencia del próximo jueves 25 de febrero para determinar quién es el comisariado de bienes comunales.

José Martín recalca que son la primera comunidad con territorio libre de minería reconocido ante tribunales “porque fue un magistrado quien validó el acta de asamblea del 23 de febrero del 2014, gracias también al esfuerzo de la gente de la comunidad y de en ese entonces Epitacia Zamora Teodoro quien era la secretaria del comisariado de bienes comunales, gracias a todos ellos muchas dependencias nos han reconocido como territorio libre de minería”.

El mensaje para otras luchas de parte de la comunidad nahua de Zacualpan es claro, dice José, pues “somos espejos de una realidad que se vive en el país y está acabando con nuestros territorios, con nuestra cultura y con todo lo que no han enseñado nuestros antepasados. Es importante continuar con esta defensa, continuar protegiendo lo que por años han protegido las personas que han pasado por nuestro territorio, de esa forma aseguramos el futuro de nuestra comunidad y de todo el país porque nuestros territorios y bosques son guardianes de la riqueza ambiental y ancestral que tenemos como pueblos indígenas”.